Rusia penalizará las búsquedas en internet que considere “extremistas”

El gobierno de Rusia ha aprobado una nueva ley que marca un punto de inflexión en el control estatal sobre el internet: a partir de ahora, cualquier ciudadano que realice búsquedas consideradas “extremistas” podrá ser multado, incluso si utiliza herramientas de navegación privada como VPN. Esta normativa, ratificada por la Duma Estatal el martes 22 de julio, extiende la vigilancia digital a niveles sin precedentes en el país.

La legislación contempla sanciones económicas para quienes consulten intencionalmente contenido que figure en la lista federal de materiales prohibidos, un registro mantenido por el Ministerio de Justicia ruso. Entre estos contenidos se encuentran páginas vinculadas a organizaciones opositoras como el Fondo Anticorrupción de Alexéi Navalny, publicaciones que promueven los derechos LGBT y plataformas ya bloqueadas como las redes sociales de Meta (Facebook e Instagram).

La primera infracción puede acarrear multas de hasta 5.000 rublos (alrededor de 64 dólares). Además, quienes sean sorprendidos utilizando VPNs para acceder a estos contenidos podrían enfrentar sanciones más elevadas y ser incluidos en listas de vigilancia. También se impondrán multas de hasta un millón de rublos (unos 12.800 dólares) a las empresas que publiciten o provean servicios de VPN.

Desde el Kremlin, la ley ha sido presentada como un esfuerzo para “proteger la soberanía informativa” y combatir amenazas internas. Sin embargo, activistas, juristas y defensores de derechos digitales han expresado profunda preocupación. Denuncian que la normativa abre la puerta a un estado de censura total, en el que incluso una búsqueda accidental o sin intenciones delictivas podría ser penalizada.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es su vaguedad. No está claro cómo se definirá si una búsqueda fue realizada “a propósito”, ni cómo se recopilarán las evidencias para aplicar las sanciones. Expertos advierten que esto podría derivar en una ola de persecuciones arbitrarias, especialmente contra opositores, periodistas o usuarios críticos del gobierno.

Asimismo, se teme que los proveedores de servicios de internet sean obligados a entregar registros de actividad, o que se intensifiquen los controles sobre dispositivos personales como teléfonos y computadoras. Ya circulan reportes no oficiales de controles aleatorios a usuarios en cibercafés y lugares públicos.

Esta medida se suma a una serie de leyes restrictivas que el gobierno ruso ha impulsado desde el inicio de la guerra en Ucrania, incluyendo la penalización por difundir “información falsa” sobre el ejército y el cierre de medios independientes. Con esta nueva legislación, Rusia afianza un modelo de internet fuertemente controlado, comparable al de países como China o Bielorrusia.

Internacionalmente, la noticia ha generado críticas inmediatas. Organismos de derechos humanos acusan a Moscú de usar el pretexto del extremismo para silenciar voces disidentes y aislar aún más a la población rusa del flujo libre de información. Para muchos analistas, el verdadero objetivo del Kremlin es infundir miedo y fomentar la autocensura.

Con esta ley en vigor, millones de ciudadanos podrían pensárselo dos veces antes de buscar información sobre temas políticos, sociales o incluso históricos. El acto de “googlear” en Rusia ha pasado de ser una rutina diaria a convertirse en un riesgo legal. Un paso más hacia un internet donde la curiosidad podría costar caro.