Publicado el 02/06/2025 por Administrador
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México celebró este 1 de junio unas elecciones sin precedentes: por primera vez en su historia, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. El ambicioso proceso, impulsado por la reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate sobre su viabilidad, transparencia e impacto institucional.
La jornada, sin embargo, estuvo marcada por una participación ciudadana muy baja. Según cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas entre el 12.5% y el 13.3% del padrón acudió a votar, una de las cifras más bajas en comicios federales. Para muchos analistas, esta apatía refleja una mezcla de desconocimiento, falta de información, desconfianza hacia el proceso y una posible resistencia silenciosa a la reforma judicial.
La elección abarcó cerca de 2,600 cargos en el Poder Judicial, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, además de jueces y magistrados a nivel federal y estatal. En las boletas figuraban más de 7,700 candidatos, pero la mayoría de los votantes aseguró no conocer sus trayectorias ni propuestas. La complejidad del proceso, sumada a la escasa difusión, hizo que muchos ciudadanos sintieran que votaban “a ciegas”.
La presidenta Sheinbaum defendió el proceso como un “acto de justicia popular” y lo calificó como un avance hacia la democratización de las instituciones. Según el oficialismo, permitir que los ciudadanos elijan directamente a los jueces contribuirá a erradicar la corrupción y romper el llamado “pacto de impunidad” que, aseguran, ha protegido a las élites durante décadas.
Pero no todos comparten esa visión. Desde la oposición, integrada por partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se ha acusado al gobierno de socavar la independencia judicial. Varios dirigentes políticos calificaron la elección como una “simulación peligrosa” y alertaron sobre el riesgo de que el crimen organizado o intereses políticos capten posiciones clave del sistema judicial. Algunos llamaron incluso al boicot activo de las elecciones.
El proceso tampoco ha estado exento de protestas ciudadanas. En varias ciudades, colectivos de abogados, académicos y ciudadanos organizaron manifestaciones para denunciar lo que consideran una amenaza al equilibrio de poderes. También hubo quejas sobre la premura con la que se organizó el proceso, así como sobre la falta de garantías para evaluar adecuadamente a los candidatos.
Pese a las críticas, el partido oficialista Morena celebró el evento como un hecho histórico. El propio López Obrador reapareció en público para emitir su voto y reiterar su respaldo a la reforma, insistiendo en que “el pueblo tiene derecho a elegir a quienes imparten justicia”.
El INE, por su parte, reconoció los desafíos logísticos derivados de la rapidez con la que se implementó la reforma, pero defendió la legitimidad del proceso. Más de 84 mil casillas fueron instaladas a nivel nacional y se espera que los resultados oficiales se den a conocer en los próximos días.
Este experimento democrático, sin precedentes en el mundo, deja abierta la pregunta de si elegir por voto popular a los jueces realmente mejorará el acceso a la justicia o si, por el contrario, puede politizar aún más un poder que debería actuar con independencia y rigor técnico. El verdadero desafío comienza ahora, cuando los nuevos funcionarios judiciales asuman sus cargos y enfrenten el escrutinio de una ciudadanía que, al menos esta vez, participó con escaso entusiasmo.
