Publicado el 18/06/2025 por Administrador
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El Gobierno español ha dado a conocer finalmente el informe oficial sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que dejó sin suministro a millones de personas en la península ibérica. Lejos de teorías alarmistas sobre sabotajes o ciberataques, las autoridades han señalado una cadena de errores operativos como responsables del mayor colapso energético de los últimos años en España y Portugal.
Según explicó la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el incidente no se debió a la falta de energía, sino a una gestión inadecuada de la tensión en la red. Red Eléctrica de España (REE), encargada del sistema, no activó a tiempo los mecanismos necesarios para estabilizar la red, a pesar de que había generación suficiente.
Uno de los principales fallos fue la desconexión de nueve centrales térmicas que no respondieron como debían. Algunas no absorbieron energía reactiva, y otras salieron del sistema de forma automática. Esto provocó un exceso de tensión que, en cuestión de segundos, desencadenó una reacción en cadena: se perdieron cerca de 15 gigavatios de potencia en apenas cinco segundos.
El resultado fue un apagón que afectó a múltiples regiones de España y Portugal, causando interrupciones en servicios básicos, caos en el transporte y millones de euros en pérdidas para el sector empresarial. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de un ciberataque, esa hipótesis ha sido completamente descartada por el informe técnico.
La investigación también pone el foco en la débil interconexión eléctrica entre España y el resto de Europa. Actualmente, solo el 2 % de la electricidad puede importarse desde Francia, muy por debajo del objetivo del 15 % marcado para 2030. Esto impidió recibir apoyo eléctrico externo durante la emergencia.
Las energías renovables, que fueron señaladas por algunos como posibles responsables, han quedado exentas de culpa. Las asociaciones fotovoltaicas y eólicas han defendido su desempeño y cumplimiento normativo, apuntando que el problema fue estructural y no tecnológico.
En respuesta, el Gobierno ha activado un nuevo decreto para reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Este contempla mejoras en la planificación, protocolos de emergencia y sistemas de supervisión. También se creará un comité técnico con participación del CNI, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y organismos europeos.
A pesar de estas medidas, diversos expertos han criticado el tono del informe por repartir las culpas de forma difusa. “Cuando todos son culpables, parece que nadie lo es”, ha dicho un analista energético. Otros exigen responsabilidades más claras por parte de REE y las empresas generadoras involucradas.
El informe final será enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría abrir expedientes sancionadores si encuentra negligencias graves. También se dejará la puerta abierta a acciones judiciales si se acredita alguna infracción contractual.
Este apagón ha expuesto con crudeza las debilidades del sistema eléctrico español en un momento clave para la transición energética. El incidente demuestra que no basta con producir energía limpia, sino que también se necesita una red moderna, interconectada y preparada para gestionar situaciones de alta exigencia.
Madrid ha dejado claro que no quiere repetir este episodio. Pero, para lograrlo, necesitará más que regulaciones: deberá transformar de raíz la gestión de sus infraestructuras estratégicas.
