Publicado el 11/07/2025 por Administrador
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En una sesión cargada de tensiones políticas y simbolismo social, el Senado argentino aprobó por amplia mayoría un paquete de leyes que busca aliviar la situación de los sectores más vulnerables del país. Las medidas, que incluyen aumentos de jubilaciones, asistencia a personas con discapacidad y extensión de la moratoria previsional, fueron celebradas por distintos bloques opositores y organizaciones sociales, pero generaron una reacción inmediata del presidente Javier Milei, quien anunció que vetará cada una de ellas.
El paquete fue votado el jueves 10 de julio y contó con el respaldo de dos tercios de la Cámara Alta, es decir, suficiente para que el Congreso pueda revertir un eventual veto presidencial. Entre las iniciativas aprobadas destacan el incremento del haber mínimo jubilatorio de 70.000 a 110.000 pesos, la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026, fondos especiales para provincias afectadas por inundaciones y la prórroga de la moratoria previsional.
Los senadores argumentaron que las medidas son una respuesta urgente ante el deterioro del poder adquisitivo, el colapso de los servicios para personas con discapacidad y las crecientes necesidades sociales derivadas de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno desde diciembre de 2023. “Este Congreso tiene la responsabilidad de dar respuestas humanas ante una crisis económica sin precedentes”, señaló un senador de Unión por la Patria durante la sesión.
Sin embargo, el presidente Milei reaccionó con dureza y calificó la aprobación del paquete como un “intento de sabotaje fiscal” y un “golpe institucional”. A través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, advirtió que vetará cada una de las leyes y que, en caso de que el Congreso anule el veto, recurrirá a la justicia para frenar su implementación hasta después de las elecciones legislativas de octubre.
El mandatario, que basa su programa económico en el equilibrio fiscal, considera que estas medidas socavan su principal bandera política: el superávit presupuestario. Según estimaciones del Ejecutivo, las leyes aprobadas implican un gasto extra de entre el 0,3 % y el 0,5 % del PBI, algo que consideran inaceptable en un contexto de reducción del Estado.
La votación también dejó al descubierto fisuras dentro del oficialismo. Algunos senadores afines a La Libertad Avanza y al PRO se ausentaron de la sesión, y la vicepresidenta Victoria Villarruel fue blanco de críticas desde el entorno presidencial por no haber impedido el avance del debate. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, también fue señalada por su silencio frente a lo que el círculo de Milei consideró una “traición legislativa”.
Desde la oposición, las críticas al presidente no se hicieron esperar. Legisladores del radicalismo, el peronismo y otros espacios provinciales calificaron la actitud de Milei como autoritaria e insensible, y lo acusaron de intentar bloquear decisiones legítimas del Congreso. “Vetar la emergencia en discapacidad es negar derechos básicos a los más frágiles”, sentenció una senadora de Juntos por el Cambio.
Las organizaciones sociales también se movilizaron en apoyo a las medidas aprobadas. Frente al Congreso, agrupaciones de jubilados, familiares de personas con discapacidad y referentes sindicales realizaron una vigilia y anticiparon nuevas protestas si el veto se concreta.
El escenario político se encuentra ahora en una encrucijada. El Congreso podría insistir con la aprobación de las leyes, lo que activaría una pulseada judicial sin precedentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En paralelo, las elecciones de octubre comienzan a influir en las estrategias de todos los actores: mientras Milei refuerza su discurso de austeridad, la oposición busca mostrarse como garante de derechos sociales.
Lo cierto es que el debate ya no es solo económico: se trata de un conflicto institucional que pone a prueba los límites del presidencialismo y la capacidad del Congreso para representar a los sectores más afectados por la crisis. En un país históricamente atravesado por la tensión entre ajuste y contención social, este capítulo promete ser decisivo.
