Publicado el 24/08/2025 por Administrador
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Un juez de control de garantías en Cali legalizó este sábado la captura de tres hombres señalados de participar en el atentado con camión bomba que sacudió la capital del Valle del Cauca el pasado jueves. El ataque, ejecutado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejó un saldo de muertos y más de setenta heridos, entre ellos varios civiles.
Los detenidos fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía, Carlos Steven Obando y Diomar Mancilla. Los dos primeros habrían conducido y detonado los vehículos cargados con explosivos que provocaron la tragedia, mientras que Mancilla, señalado por las autoridades de pertenecer a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, habría coordinado parte de la operación.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte de explosivos de uso restringido. Los imputados negaron las acusaciones, pero el juez consideró legal el procedimiento de captura y avaló la imputación.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, señalando que se trató de un acto terrorista contra la población civil. Reiteró además su llamado a no ceder ante estructuras armadas que, en medio de negociaciones fallidas, buscan sembrar miedo en las principales ciudades del país.
Las autoridades de seguridad han reforzado la presencia militar y policial en puntos estratégicos de Cali. Además, se mantienen investigaciones abiertas para determinar la procedencia de los explosivos y las rutas logísticas que permitieron que el camión bomba llegara hasta la zona urbana.
El atentado en Cali se produjo apenas horas después de otro ataque en el municipio de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero policial fue derribado con un dron explosivo. Estos hechos refuerzan la percepción de una ofensiva coordinada de las disidencias en varios puntos del territorio nacional.
La conmoción social ha sido evidente. Habitantes de Cali realizaron vigilias en memoria de las víctimas y exigieron mayor seguridad. A la par, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la vulnerabilidad de las comunidades civiles en medio de la escalada violenta.
Con los capturados ya en proceso judicial, el país enfrenta el reto de garantizar que la justicia avance con celeridad, sin dejar de lado la atención a las familias afectadas y la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia frente a estructuras que buscan reinstalar la guerra en las ciudades.
