Publicado el 04/07/2025 por Administrador
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este jueves de forma categórica que el ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García haya sido víctima de torturas durante su detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en respuesta a graves acusaciones presentadas por los abogados del joven en tribunales de Estados Unidos.
Ábrego, residente en Maryland, fue deportado en marzo de 2025 tras una polémica decisión de las autoridades migratorias de EE.UU., que lo enviaron de regreso a El Salvador a pesar de tener casos judiciales pendientes y haber solicitado protección. Al llegar a su país natal, fue detenido inmediatamente y recluido en el CECOT, una de las cárceles más vigiladas del país, utilizada por el gobierno salvadoreño en su lucha contra las pandillas.
Los abogados del joven denunciaron que su cliente fue sometido a golpizas, encierro prolongado, privación de sueño y otras formas de maltrato físico y psicológico, lo cual le habría provocado una severa pérdida de peso y un deterioro emocional extremo. Según el testimonio del propio Ábrego, las condiciones eran “inhumanas” y vivió bajo constante amenaza durante su reclusión.
La reacción de Bukele no tardó. A través de un video y varias fotografías publicadas en su cuenta oficial de la red social X, mostró a Ábrego aparentemente en buen estado físico, leyendo, haciendo ejercicios e incluso posando con un loro. “¿Dónde están las marcas de tortura? ¿Por qué se ve tan bien en cada imagen?”, escribió el mandatario, calificando las denuncias como “pura manipulación mediática”.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso. Recordaron que ya existen reportes documentados sobre torturas y muertes bajo custodia en el sistema penitenciario salvadoreño, especialmente desde que se instauró el régimen de excepción en marzo de 2022, que ha permitido miles de arrestos sin garantías judiciales plenas.
En Estados Unidos, el caso ha generado gran revuelo. Ábrego fue repatriado en junio tras una decisión judicial que lo consideró en riesgo grave si permanecía en El Salvador. Ahora se encuentra bajo custodia en Tennessee, a la espera de audiencias clave que podrían definir su futuro migratorio y legal.
La administración Biden aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente, pero voces del Congreso ya han exigido una investigación a fondo sobre cómo ocurrió la deportación y qué responsabilidad tiene EE.UU. en haber enviado a un ciudadano en proceso judicial a un entorno de presunta vulnerabilidad.
Para el gobierno salvadoreño, el caso representa una afrenta directa a su política de seguridad, que ha sido alabada por algunos sectores por su mano dura, pero también duramente criticada por supuestas violaciones a los derechos humanos. La figura de Bukele, popular en buena parte de la población salvadoreña, enfrenta ahora el reto de demostrar que la eficacia en seguridad puede convivir con el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el equipo legal de Ábrego García insiste en que las imágenes compartidas por Bukele fueron tomadas cuando el joven ya estaba fuera del CECOT, y que no desmienten los abusos previos. “Una fotografía no borra el trauma ni las cicatrices invisibles”, dijo uno de sus abogados.
El caso, lejos de cerrarse, podría escalar a niveles diplomáticos más altos, alimentando un debate sobre las condiciones carcelarias en El Salvador, el rol de Estados Unidos en deportaciones masivas y los límites de la lucha contra el crimen cuando entra en juego la dignidad humana.
