Publicado el 13/06/2025 por Administrador
Vistas: 149
La cuenta regresiva hacia las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia se ha convertido en una tormenta de bloqueos, enfrentamientos y fracturas políticas que hacen tambalear la estabilidad del país. La inhabilitación del expresidente Evo Morales ha encendido la mecha de un conflicto que escala día a día y que, hasta ahora, ha dejado un saldo trágico: al menos cinco muertos, decenas de heridos y una nación sumida en la incertidumbre.
Las protestas comenzaron como manifestaciones localizadas, pero pronto se extendieron por todo el país. Simpatizantes de Morales instalaron más de 20 bloqueos en puntos estratégicos de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni y Pando. Las carreteras cortadas impiden el paso de alimentos, combustible y medicinas, afectando a miles de ciudadanos.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Llallagua, en el departamento de Potosí, donde el enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejó un saldo de al menos cuatro policías y un campesino muertos. Los disturbios incluyeron el uso de explosivos y armamento artesanal. El gobierno respondió con el despliegue de tanques y agentes antidisturbios, en una acción que ha sido criticada por sectores civiles como un intento de militarización encubierta.
El detonante de esta convulsión fue la confirmación por parte del Tribunal Supremo Electoral de que Evo Morales no podrá postularse nuevamente a la presidencia. Basándose en el límite constitucional de dos mandatos, la justicia selló su inhabilitación, lo que desató la furia de sus seguidores. “Que me ganen en las urnas, no en los tribunales”, declaró Morales desde el Trópico de Cochabamba, donde ha encabezado reuniones con cocaleros y sindicatos que exigen su restitución en la boleta electoral.
En paralelo, el presidente Luis Arce, junto con líderes de oposición como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Eva Copa, ha cerrado filas con el Tribunal Electoral, en un intento por garantizar la celebración pacífica de los comicios. Sin embargo, los enfrentamientos continúan y la Fiscalía ya investiga posibles actos de terrorismo contra dirigentes sindicales del Chapare y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
La crisis también ha revelado una fractura profunda dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras Morales lidera una ofensiva contra el sistema electoral, otras figuras del partido, como el propio Arce o el senador Andrónico Rodríguez, toman distancia y llaman a la participación democrática. Esta división interna debilita la campaña oficialista y abre espacio a la consolidación de nuevas alianzas opositoras como el bloque “Unidad”.
El ambiente electoral está enrarecido. Campañas suspendidas, caravanas interrumpidas, candidatos sin garantías para movilizarse y un electorado cada vez más dividido entre el rechazo a Morales y la desconfianza en las instituciones.
La comunidad internacional observa con preocupación. Organismos como la OEA y la ONU han solicitado el cese inmediato de la violencia y han pedido a las autoridades garantizar el derecho al voto y la seguridad ciudadana. Mientras tanto, los bolivianos se enfrentan a una realidad cada vez más caótica: colas para conseguir alimentos, escasez de combustibles y un temor generalizado de que los comicios puedan ser postergados o deslegitimados.
En este contexto tenso y polarizado, Bolivia se debate entre el cumplimiento de su calendario electoral y la amenaza de una nueva crisis institucional. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el país logra salir del atolladero o si vuelve a sumergirse en el conflicto.
