Publicado el 12/06/2025 por Administrador
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El gobierno colombiano encendió las alertas tras descubrir que un militar en servicio activo estaba involucrado en una red de reclutamiento de compatriotas —en su mayoría exmilitares— para trabajar al servicio del narcotráfico mexicano. La denuncia, confirmada por el consulado colombiano en Ciudad de México, ha revelado una preocupante conexión entre estructuras delictivas internacionales y miembros de las Fuerzas Armadas del país.
Según las autoridades, el uniformado utilizaba redes sociales, grupos de WhatsApp y Facebook para contactar a personas con experiencia militar y ofrecerles supuestos trabajos de seguridad privada en México. Las ofertas prometían salarios atractivos, que oscilaban entre los 2.500 y los 10.000 dólares mensuales, dependiendo del nivel de entrenamiento. Sin embargo, detrás de estas promesas se ocultaba el verdadero propósito: integrar a los reclutados a las filas de grupos armados al servicio de cárteles como el de Sinaloa o el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).
En lo que va del año, las autoridades mexicanas han impedido el ingreso de al menos 69 colombianos que, según sus declaraciones ante migración, fueron contactados por redes criminales para desempeñar funciones en zonas de alto riesgo. Algunos de ellos confesaron haber sido reclutados desde Colombia mediante ofertas laborales fraudulentas.
El caso más grave ocurrió en mayo pasado, cuando 12 ciudadanos colombianos fueron detenidos en Michoacán, acusados de participar en un ataque con una mina antipersona que dejó ocho soldados mexicanos muertos. Nueve de los detenidos eran exmilitares, y tres civiles. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de México, los implicados habrían sido trasladados bajo engaños para trabajar en labores agrícolas, pero terminaron operando como combatientes para los cárteles.
La investigación reveló que parte del esquema consistía en agilizar, por medios legales pero sospechosos, la emisión de pasaportes colombianos. Esto facilitaba el traslado de los reclutados hacia México, donde eran recibidos y conducidos a zonas controladas por los grupos criminales.
El escándalo ha generado gran preocupación dentro del gobierno colombiano, que ya inició indagaciones internas en el Ejército para determinar el grado de responsabilidad del militar activo identificado y si existen más involucrados. También se están revisando los procedimientos de expedición de pasaportes, así como los canales de inteligencia y cooperación con autoridades mexicanas.
Aunque el fenómeno no es del todo nuevo —ya en 2024 se reportaron casos de exmilitares colombianos trabajando como entrenadores o sicarios para cárteles mexicanos—, la implicación de personal en servicio activo representa un grave retroceso en los esfuerzos por desarticular estas redes.
Analistas en seguridad han advertido que los cárteles mexicanos valoran especialmente el perfil de excombatientes colombianos por su formación, experiencia en guerra irregular y conocimiento en el uso de explosivos. Esta demanda ha generado un mercado oscuro que ahora amenaza con contaminar estructuras institucionales.
El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso de actuar con contundencia. "No toleraremos que miembros de la Fuerza Pública colaboren con el crimen organizado, dentro o fuera del país", declaró un alto funcionario del Ministerio de Defensa. También se contempla reforzar los controles migratorios y establecer nuevas alertas tempranas sobre posibles casos de captación.
Mientras tanto, la justicia mexicana avanza en los procesos contra los detenidos y ha solicitado la colaboración de Colombia para ampliar la investigación. Lo que comenzó como una operación encubierta de reclutamiento ha terminado por revelar una peligrosa red transnacional con implicaciones profundas en la seguridad regional.
